Acorde a nuestro sistema legal, en todo proceso deberá acogerse a los principios de la tutela judicial efectiva y, dentro de este se encuentra el derecho a que se puede recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en lo que se decida sobre una pretensión específica. Recurrir requiere que se interponga un recurso, puesto que la parte ofendida o demandada debe agotar todas las instancias legales acorde al principio de paridad de las partes, donde el trato debe ser igualitario y las dos partes tengan las mismas oportunidades para alegar. El Código de la Niñez y la Adolescencia al ser un código donde un tercero no llega a tener voz y voto como el niño, requiere de un trato exclusivo donde prime el interés superior del niño; sin embargo, dentro del proceso existen las medidas de protección que pueden ser emitidas mediante resolución judicial o administrativa sea por un Juez de la Niñez y la Adolescencia, Juntas Cantonales de Protección de Derechos y entidades de atención, y según este código para dichas resoluciones no caben recurso alguno, atentando contra el principio constitucional enmarcado en los derechos de protección. Este trabajo está enfocado en proponer una modificación al Artículo 218 del texto del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y que esté acorde lo que permite nuestra Carta Magna.