Dentro de los principios constitucionales que se encuentran en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, existe el principio de unidad jurisdiccional que es aplicado por los órganos de Función Judicial como son los jueces, fiscales, defensores públicos y más servidores judiciales que se ubiquen como sujetos centrales en el escenario judicial, por lo mismo, la función judicial es suscitador de garantías y limita el poder estatal. Los jueces son los sujetos responsables de administrar la justicia ordinaria sobre los actos de hecho y derecho. Este principio descarta todo procedimiento atípico al de la de vía judicial, que es donde se traba la Litis; un claro ejemplo de ello es el procedimiento coactivo el, cual muchos se cuestionan que dispone de una jurisdicción especial que no es reconocida por nuestra Carta Magna y por consecuencia vulnera el principio antes mencionado, tiene como potestad tratar temas administrativos en relación con las deudas que poseen las personas naturales y jurídicas con el estado. Este accionar es encaminado por un juez de coactiva, por lo que, a través del desarrollo de este trabajo, se podrá fijar que por la realización de sus funciones como ejecutor de coactiva, infringe principios fundamentales de unidad jurisdiccional, tales son el de imparcialidad e independencia. Por lo tanto, el procedimiento de coactiva atenta contra los derechos considerados en nuestra Constitución.