El presente trabajo aborda la nueva Ley de Incentivos para las Asociaciones Público Privadas con la finalidad de determinar la viabilidad de un modelo de gestión de sectores estratégicos y servicios públicos que se delegue a través de los nuevos contratos de gestión delegada. Se analiza la viabilidad constitucional y legal para elaborar proyectos de alianzas público privadas con la finalidad de incentivar la participación de la empresa privada en las gestiones de los sectores públicos. Se trata de ubicar esta novel figura como un modelo de gestión económico con ausencia de un mayor desarrollo en la parte jurídica, destacando que la legislación ecuatoriana queda muy corta inclusive para plasmar una definición exacta de las asociaciones público privadas. También se abordan los contenidos contractuales de derechos y obligaciones desde la legislación chilena y colombiana aplicable al caso para verificar la existencia de nuevos aportes que puedan ser incluidos en la legislación ecuatoriana a fin de detallar de mejor manera todas las variables de cláusulas contractuales a ser atendidas en el diseño de los contratos de gestión delegada en el Ecuador.