La institución de la expropiación constituye un medio para la consecución de los objetivos trazados por el Estado que encuentra su justificación en la utilidad pública o interés social que esta pueda representar. Es por ello que el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social es uno de los motivos que da lugar a su aplicación y es en este escenario que la legislación vigente presenta una incongruencia en el procedimiento a seguir en este tipo de expropiaciones, lo cual resulta perjudicial para los propietarios de los bienes a expropiarse, tomando en cuenta el alto grado de intervencionismo estatal que ha caracterizado a la mayoría de nuestros gobiernos. El presente trabajo contrasta las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización con las de la Ley Orgánica de Organización Territorial, Uso y Gestión de Suelo denotando su incongruencia y evidenciando la necesidad de que la Corte Constitucional intervenga e interprete las normas en cuestión con el fin de garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico.