Todo ordenamiento jurídico y el Estado mismo se basan en la existencia de una Constitución atribuida de supremacía jerárquica y ésta le otorga el sustento para que ambos se erijan sin fisuras. El poder constituyente ha expedido una nueva Constitución en el año 2008, la cual ha plasmado cambios profundos en la organización del Estado y por ende en la administración de los procesos administrativos, provocando en muchos casos, la derogación de las normativas de menor jerarquía y creadas antes de la expedición de la Carta Magna.