This thesis is specific to the study of complex problem that occurs as a result of the apparent lack of harmony between our modern criminal law and criminal law currents, which are directed toward the humanization of punishment, revenge and banish private or public as the foundation of that as well as directing a number of crimes, especially those called trifle, at the administrative level, leading to the development of a criminal law of minimum intervention. But these streams is evidence of a wane of the purposes of state constitutional rights as Article 171 of the Constitution recognizes the ancestral village authorities to court to administer justice in criminal, activity that takes place entirely outside of the procedures and sanctions established by the constitution and the law, so that corporal punishment have been highly prejudicial to psychological and human integrity, and in no way meet the primary principle of establishing legality Article 76, paragraph 3, of the Constitution, so its implementation is a serious arbitrariness on the floor check the right to legal security of citizens in these areas improperly processed, which could generate civil liability not only the authorities who sponsor such abuses, but the Ecuadorian State so far has been unable to stop these barbaric practices are increasingly common in the various indigenous communities that coexist in Ecuador.La presente tesis se concreta al estudio de la compleja problemática que se produce como efecto de la evidente falta de armonía que existe entre nuestra legislación penal y las modernas corrientes del Derecho Penal, que se dirigen hacia la humanización de la sanción, y a desterrar la venganza privada o pública como fundamento de aquella, así como dirigiendo un buen número de delitos, especialmente de aquellos llamado bagatela, hacia el ámbito administrativo, dando lugar al desarrollo de un Derecho Penal de mínima intervención. Sin embargo de estas corrientes se evidencia un franco retroceso de las finalidades del Estado constitucional de derechos en cuanto el Art. 171 de la Constitución de la República reconoce a las autoridades de los pueblos ancestrales poder jurisdiccional para administrar justicia en el ámbito penal, actividad que se realiza completamente al margen de los procedimientos y de las sanciones que establece el ordenamiento constitucional y la ley, por lo que se han venido aplicando castigos corporales y psicológicos sumamente atentatorios a la integridad humana, y que de ninguna manera cumplen con el primordial principio de legalidad que establece el Art. 76, numeral 3, de la Constitución, por lo que su aplicación resulta una grave arbitrariedad que echa por los suelos el derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos procesados indebidamente en dichos ámbitos, lo que podría general responsabilidad civil no solo de parte de las autoridades que patrocinan tales abusos, sino de parte del Estado ecuatoriano que hasta el momento no ha podido frenar estas prácticas de barbarie que son cada vez más comunes en las diversas comunidades indígenas que coexisten en el Ecuador.