La presente tesis se motivó por cuanto el numeral 4 del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador y el numeral 4 del Art. 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional estipula que cuando no se cumpla una sentencia o acuerdo reparatorio que ordene un Juez Constitucional en un trámite de garantías jurisdiccionales, será destituido. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales únicamente se menciona: “En caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución…” que difiere del mandato expreso de la Constitución que estipula: “Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar...”. En la actualidad ningún Juez ordena la destitución de los funcionarios que incumplen las sentencias, argumentando en varios casos que se debe iniciar la acción por incumplimiento, cuando dicha acción tiene otra finalidad, parecida, pero no igual. Por lo expuesto, es necesario reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que se estipule un procedimiento ágil para que se haga efectiva la sanción de destitución a la que se refiere la Constitución y la referida Ley.