El tema planteado tiene como antecedente una modalidad de contrato, que se aplica en la venta de bienes muebles, mediante el cual el vendedor se reserva para si la propiedad del bien, hasta que el comprador cumpla con el pago del precio, sin embargo de que este último adquiere el uso y goce del bien desde el momento de la suscripción del contrato.- Ahora el conflicto se presenta, cuando el comprador incumple con el pago del precio del bien, viéndose avocadas las partes a un trámite judicial de ejecución, mediante el cual se pretenden ejecutar estipulaciones contractuales que vulneran flagrantemente los derecho constitucionales del comprador, así el derecho a la tutela efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica. En la cotidianidad se ejecutan contratos, en cuyas estipulaciones se ha omitido hacer constar la cuota de entrada, se hacen constar tasas de interés que superan las máximas legales establecidas por el Banco Central del Ecuador; se estipula aceleración de pagos en perjuicio de los derechos del comprador; es bajo estas circunstancias que se admiten a tramite las acciones judiciales de esta índole, sin tomar en cuenta el deber de la justicia de tutelar de manera efectiva el derecho de los justiciables, que en este caso la vulneración se inclina aparatosamente en contra del comprador – deudor; quien no cuenta con los mecanismos judiciales apropiados para hace efectivo su derecho al debido proceso; tómese en cuenta que la Ley de Venta con reserva de dominio, en cuanto a la instancia judicial, no faculta al demandado para que plantee excepciones y por tal no le permiten actuar prueba en resguardo de sus derechos, evidenciándose por tal que en la tramitación de este tipo de causas, no se hacen efectivos los postulados de la justicia, que según reza el Art. 169 de la Constitución de la República, el sistema procesal “…es un medio para la realización de la Justicia.