El Consejo de la Judicatura de Transición, en el marco de su actuar, recibió información de varias fuentes: ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y academia, sobre posibles casos de persecución política, en la que los operadores de justicia habrían cumplido un papel fundamental, al ser el instrumento a través del cual se judicializó y sobre todo se penalizó la crítica al gobierno del expresidente Rafael Correa o a sus políticas. Siendo esta situación de público conocimiento, el Consejo de la Judicatura emprendió un estudio con apoyo de varios sectores y la participación de las presuntas víctimas. El Gobierno anterior, entre el periodo 2007-2017, impulsó la política de persecución y criminalización de una manera sistemática, estructurada y contundente, con el apoyo del sistema de justicia como tal, como se demostrará en este informe, situación que mermó de manera sustancial la independencia judicial.Primera parte.- Marco jurídico y metodológico. Segunda parte.- La configuración de la persecución y criminalización de la protesta social y la violación de los derechos humanos: 1) El crimen de persecución y el Estado ecuatoriano; 2) Respuesta penal frente a la protesta social; 3) El Derecho a defender derechos; 4) Derecho a la resistencia; 5) Politización de la justicia; 6) La necesidad de la independencia judicial. Tercera parte.- La persecución en las voces de la gente: 1) Defensores de la naturaleza; 2) Pueblos indígenas; 3) 30 de Septiembre de 2010 (30-S); 4) Libertad de expresión; 5) Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales; 6) Dirigentes sindicales; 4) Otros casos.