La señora Martha Vivar acude ante la Delegación de la Defensoría del Pueblo en Galápagos para denunciar la vulneración de derechos respecto a las personas que trabajan como meseras en las salas de billar y en las barras, dado que se ha establecido que el contrato de trabajo que se les puede suscribir será no mayor a 90 días. La Delegación resuelve declarando que el Comité de Calificación y Control de Residencia en su regulación pudiera haber atentado al derecho al trabajo, la libertad de contratación y la libertad de tránsito respecto de las personas mencionadas y de otros trabajos relacionados.