En el Perú, la trata de personas constituye un grave delito y una manifestación extrema de violencia, que vulnera derechos fundamentales como la libertad, la dignidad y la vida, especialmente de mujeres adolescentes y jóvenes con fines de explotación sexual en circuitos de trata interna. Según el Informe Anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el 2014, el Perú se ubicó en el nivel 2 de los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero están realizando esfuerzos significativos para lograrlo. En el año 2013, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe Defensorial N° 158: “La trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes”, como una expresión de la preocupación institucional por el tema. El referido informe da cuenta de la necesidad de humanizar la atención de las víctimas en el ámbito de la administración de justicia penal y en general de la política pública en este campo. En ese contexto, la propuesta de llevar a cabo un diagnóstico sobre las políticas públicas y la respuesta institucional de los Estados contra la trata de personas en la región andina así como la aprobación de una “Estrategia Regional Andina de las Defensorías del Pueblo para la Protección Integral de las Víctimas de Trata”, coincide con la preocupación de la Defensoría del Pueblo del Perú que junto a las defensorías del pueblo de Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela se suma a esta iniciativa que se desarrolla con el apoyo de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ, Agencia de Cooperación Alemana, a través del proyecto “Fortalecimiento de la Federación Iberoamericana del Ombudsman” (PROFIO) y el proyecto “Derechos de Personas en Movilidad Humana” (PRODEM), financiado por la Unión Europea y ejecutado en consorcio con la FE, SJR y CODHES.