La Defensoría del Pueblo presentó un amicus curiae dentro de la acción individual de medidas cautelares, donde se demanda la inconstitucionalidad del acto administrativo de cierre y/o clausura temporal del Centro de recuperación CRADUN, para que sea tomado en consideración al momento de resolver la acción. Al respecto la Defensoría manifestó que si bien el derecho al trabajo constituye un derecho fundamental, el derecho a la vida e integridad personal constituyen también derechos fundamentales en los que se lesionan directamente la dignidad humana de las personas, por lo que se expresó la necesidad de que se tutele el derecho de las y los pacientes a ser atendidos con dignidad y se continúe con la investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos, que presumiblemente existen en el CR CRADUN.