Se aportan criterios de la Defensoría del Pueblo sobre la consulta de la constitucionalidad de los Art. 28 y 29 de la Ley de Migración, que trata de la independencial judicial, en relación a los casos de deportaciones que se establece en esa ley en la que se señala que los procesos de deportación, en los que la o el Juez de Contravenciones niegue la misma, deben ser elevados a consulta al Ministro del Interior.