El presente trabajo busca analizar la problemática que surge cuando la Corte Constitucional, máximo órganos de control e interpretación en materia constitucional, resuelve un conflicto en la aplicación de la justicia indígena frente a la justicia ordinaria, restringiendo la facultad jurisdiccional de los pueblos indígenas en base a una interpretación indebida y restrictiva; estableciendo delimitaciones que no se encontraban dispuestas en la Constitución. Este órgano formado bajo una concepción occidental, en vez de entablar mecanismos encaminados a la cooperación, coordinación y vinculación adecuada entre estos dos sistemas de administración de justicia antagónicos, limita el alcance del ejercicio jurisdiccional indígena para resolver conflictos que atenten contra bienes jurídicos relevantes desde una óptica diversa a la hegemónica.Abogado de los Tribunales de Justicia de la República