En el ámbito probatorio donde se ha denotado mayor relevancia la presunción de inocencia, en atención a la que la certeza de la culpabilidad del sujeto debe basarse en pruebas que lleven a tal convicción, de ahí la exigencia de prueba plena para sustentar una sentencia condenatoria. De manera que cuando la prueba ha sido desahogada y valorada dentro del procedimiento y con respecto a las garantías constitucionales, se afirme plenamente su culpabilidad, la presunción de inocencia queda destruida. Lo cual implica que toda condena debe ir precedida de una actividad probatoria por parte del ACUSADOR, en donde se excluya toda hipótesis normativa que obligue al INCULPADO a probar su no participación en los hechos delictivos. Lo que lleva a que se tenga en cuenta el derecho del acusado a no sufrir las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad no ha quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda razonable, con base en pruebas de cargo sustentadas en el respeto de las garantías del inculpado, lo que implica su obtención a través de un procedimiento legal.Especialista en Derecho Penal