El Presidente de la República como máximo representante de la Función Ejecutiva, tiene la facultad de dictar reglamentos a las leyes vigentes en el País. La generación de estos reglamentos es una manifestación unilateral y volitiva, acto administrativo de absoluta potestad del Ejecutivo; así, la redacción y contenido de mencionados cuerpos normativos quedan a criterio de éste, convirtiéndose en la práctica, muchas veces, en contradicciones a la norma jerárquica superior: leyes orgánicas y ordinarias del Ecuador e incluso, indirectamente a la Constitución de la República por la figura de la reserva de ley. Consecuentemente, se exterioriza un conflicto jurídico, legislativo y político en el ejercicio práctico de esta potestad, generalmente por sus contenidos contrarios, arbitrarios e inexactos a la ley; luego, el análisis que se debe realizar es sin duda sobre la intensidad, atribuciones, potestad autónoma, vinculación directa con los preceptos legales y el control que debe existir, mismo que nos ha permitido determinar recomendaciones y soluciones efectivas a este supuesto.Abogado de los Tribunales de Justicia de la República