The general objective that guides the construction and systematization of the ideas that are articulated in this work, aims to highlight the need and relevance as well as to identify contributing and limiting factors regarding the social, legal and political use of constitutional jurisprudence as an instrument of social innovation and development through the justice system, in the context of the institutionalization of the set of paradigms emanating from the Fundamental Text of 2008: the constitutional State of rights and justice, neoconstitutionalism, the constitutionalization of the legal system, the constitutionalization of justice and the constitutional democracy, and subject to the premise with respect to which the Law emerged from the Constitution of Montecristi, which is a law that becomes constitutionalized in its integrality, has an enormous emancipatory potential and is capable, under certain historical conditions. , social and pol ticas, to promote fundamental changes in society. In this line of thought, it is postulated as a central idea that constitutional jurisprudence, elevated to the category of direct source of the national legal order, is an element of social innovation and development if and only if it is given social, legal and social use. That entails the Fundamental Text. Constitutional jurisprudence, in the new constitutional State of rights and justice designed by the Constitution is a powerful social, political and legal instrument in the hands of judges and citizens, to favor the changes and social innovations in democracy that the project entails transforming political content in the Montecristi Charter.El objetivo general que guía la construcción y sistematización de las ideas que se articulan en este trabajo, apunta a resaltar la necesidad y pertinencia así como identificar factores coadyuvantes y limitantes acerca del uso social, jurídico y político de la jurisprudencia constitucional como instrumento de innovación social y desarrollo a través del sistema de justicia, en el contexto de la institucionalización del conjunto de paradigmas emanados del Texto Fundamental de 2008: el Estado constitucional de derechos y justicia, el neoconstitucionalismo, la constitucionalización del ordenamiento jurídico, la constitucionalización de la justicia y la democracia constitucional, y con sujeción a la premisa respecto de la cual el Derecho surgido a partir de la Constitución de Montecristi, que es un Derecho que deviene constitucionalizado en su integralidad, encierra un enorme potencial emancipatorio y es capaz, bajo determinadas condiciones históricas, sociales y políticas, de promover transformaciones fundamentales en la sociedad. En esta línea de pensamiento, se postula como idea central que la jurisprudencia constitucional, elevada a la categoría de fuente directa del ordenamiento jurídico patrio, es un elemento de innovación social y de desarrollo si y sólo si se le da el uso social, jurídico y político que entraña el Texto Fundamental. La jurisprudencia constitucional, en el nuevo Estado constitucional de derechos y justicia diseñado por la Constitución es un potente instrumento social, político y jurídico en manos de los jueces y de la ciudadanía, para favorecer los cambios y las innovaciones sociales en democracia que comporta el proyecto político transformador contenido en la Carta de Montecristi.