El Código de la niñez y adolescencia, ha sido reformado en la aplicación de procedimientos referente a la prestación de alimentos a los menores, trasladando una responsabilidad propia de los progenitores a sus parientes, denotando inconformidad y a su vez lesionando los derechos de las personas adultas mayores en concordancia al mandato constitucional. Contamos con una legislación garantista y constitucional, por lo tanto se debe defender los derechos y cuidar el bienestar de los menores, pero sin perjuicio a los mayores adultos, quienes son demandados por prestación de alimentos injustificadamente, ya que dentro de la investigación de campo queda demostrado que no existe proceso alguno que conste de la comprobación de imposibilidad del obligado principal. A demás en los procesos de prestación de alimentos a principales no existe sentencia alguna que declare imposibilitado a éste, por lo tanto no existe proceso alguno en que se haya comprobado la imposibilidad de los obligados principales, sin embargo el juez ordena la prestación de alimentos a los obligados subsidiarios.