En la República del Ecuador, socialmente su población está experimentando cambios trascendentales, muchos de ellos de orden estructural, muchos de ellos de carácter fundamental; desde la aprobación otorgada por el pueblo a la Constitución de la República redactada en la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi, entre noviembre del 2007 y julio del 2008, la conformación estructural del Estado ecuatoriano se ha modificado sustancialmente. La filosofía o intencionalidad motivadora de estos cambios es naturalmente mejorar la convivencia entre los habitantes de este país y optimizar las relaciones con los semejantes del planeta, dentro de un marco de respeto mutuo y respeto a la naturaleza, en procura siempre de la felicidad común, del suma causal. Las mejoras tomadas en referencia, no implica que la comunidad ecuatoriana se haya encontrado entonces en una situación de severa descomposición social ni mucho menos; sin embargo, es innegable que la actividad delincuencial estaba alcanzando límites altamente preocupantes, de tal modo que al Estado se le hacía urgente adoptar medidas para controlar el auge delictivo, frenar su crecimiento, atenuarlo y minimizarlo en lo realmente posible. Por esto surge la reforma a la Ley de Armas, que como todas las leyes de este país es dictada con el carácter de acatamiento obligatorio para la totalidad de ecuatorianos y para todos los habitantes del territorio ecuatoriano. Esta Ley, cuya eficacia se ha comprobado en gran medida, y que su espíritu mismo es de excelencia innegable, ha derivado en inconveniencias y efectos riesgosos para determinados sectores de la sociedad, eso también es preocupante y merece su análisis y concienciación.