Los procesos judiciales de reducción de alimentos encuentran en su postulación un requisito especial a efectos de que sea admitida; requisito que se encuentra regulado en el art. 565-A de nuestro Código Procesal Civil; entonces de ello se entiende que para que el obligado a prestar alimentos ejerza su derecho de acción tiene que cumplir con dicho requisito, caso contrario será rechazado a nivel de postulación; entonces ante dicha situación nos ponemos en la posición de aquel obligado que por razones propias de la situación económica actual, u otras razones, no se encuentra en la posibilidad de estar al día en los pagos de la pensión de alimentos fijado en un proceso anterior, tomando en cuenta que por las mismas razones es que solicita la reducción de la misma, no pudiendo hacer valer ese derecho frente a la imposición de dicho requisito especial fijado en nuestro Código Procesal Civil; he ahí el problema generado, toda vez que el derecho de acción comprendido dentro del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se vería vulnerado, pese asimismo a que dicho derecho de solicitar la reducción encuentra sustento en el art. 482° del Código Civil, de ahí la pregunta de: ¿Cómo probará entonces el obligado, la disminución de sus posibilidades económicas y la reducción quizá de las necesidades del alimentista, a efectos de reducir la pensión de alimentos fijada, si es que se requiere para ello, estar al día con los pagos de pensión de alimentos y si solo en la postulación ya rechazan su demanda?.