En una primera parte de la tesis se hace mención a algunos antecedentes que conforman la prehistoria de las ratificaciones, con relación a la Carta de 1920 sobre el control de la idoneidad y conducta de los jueces. Siempre con carácter histórico se analizará el nacimiento constitucional de las ratificaciones judiciales a partir de los debates de la Asamblea Constituyente de 1919. Antes de la promulgación de la Carta de 1920 se dio una situación muy especial porque la Corte Suprema se anticipó e inició las ratificaciones afines de 1919. Durante la vigencia de la Constitución de 1920 se dieron las ratificaciones de 1924, 1929 y las extraordinarias de 1930. En el mismo sentido se analizará la Constitución de 1933 y las ratificaciones de 1937, 1942, 1947, 1952 (por su importancia se hará mención especial a la no ratificación del doctor Pompeyo Osores), 1957, 1962, 1967, y la extraordinaria de 1970. Se hará un estudio en cuanto a las ratificaciones que ordenó la Constitución de 1979: las de los integrantes de la Corte Suprema por el Senado en 1980 y las de los demás jueces de la república por la Corte Suprema en 1982. Aquí propiamente concluye el estudio histórico de las ratificaciones. La Constitución de 1993 otorgó competencias para ratificar al Consejo Nacional de la Magistratura. Después de analizar el debate constitucional se procederá a estudiar la actuación de ese organismo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y posteriormente la intervención de la Comisión interamericana de Derechos Humanos y los casos sometidos a la Corte Interamericana. El estudio sobre lo sucedido entonces carece de perspectiva histórica por lo reciente de los sucesos. Se analizará la opinión de la doctrina nacional y extranjera acerca de la inamovilidad judicial y su relación con las ratificaciones. A continuación, se hará un ejercicio de prospección a futuro sobre las funciones que cumplirá la Junta Nacional de Justicia y finalmente: Se hace un breve análisis de las ratificaciones judiciales en México, según reforma incorporada a su constitución y en República Dominicana conforme lo dispone su última constitución.