Level of compliance of Costa Rican public institutions in the elaboration and implementation of Institutional Environmental Management Programs. In Costa Rica, the State is one of the largest buyers and its potential impacts on the environment from resource consumption, waste generation and emissions are considerable. Every Costa Rican public institution is required by MINAE Executive Decree No. 36499 (issued in 2011) to develop and implement an Institutional Environmental Management Program (IEMP) to mitigate and control the impacts resulting from their organizational work. The aim of this study was to analyze the level of compliance of Costa Rican public sector institutions in the elaboration and implementation of the IEMP. Available records were consulted at the Ministry of Environment and Energy (MINAE), dividing the institutions into 4 categories: a) ministries; b) decentralized public sector institutions; c) decentralized territorial public sector; and d) other. An on-site assessment tool was then applied in 44 institutions, to determine the level of implementation. As of March 2013, 36.24% of public institutions had submitted an IEMP, with ministries scoring highest on compliance (83.3%). A higher level of implementation was identified for: adoption of an environmental policy, formalization of committees in charge of environmental management work, and systematization of consumption records. There is a need to strengthen staff training and awareness, along with internal disclosure of the IEMP, and incorporation of environmental criteria into the procurement of goods and services, among others. The mean score for the institutions was 70.16 (on a scale of 0 - 100). No significant difference was found between the categories of institutions (t-Student; p = 0.684). The lack of clarity in the application of punitive mechanisms, the low environmental commitment in many institutions and the lack of resources (human and financial) allocated to environmental actions could be affecting compliance with the decree.En Costa Rica el Estado es uno de los más grandes compradores; sus impactos potenciales sobre el ambiente por concepto de consumo de recursos, generación de residuos y emisiones son considerables. Ante esto, cada institución pública de Costa Rica está obligada mediante el Decreto Ejecutivo No. 36499-MINAE (publicado en el año 2011) a elaborar e implementar un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), de manera que se mitiguen y controlen los impactos que se originen como parte de su quehacer organizacional. Aquí analizo el nivel de cumplimiento de las instituciones del sector público costarricense en cuanto a la elaboración e implementación de los PGAI. Se consultaron los expedientes disponibles en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), dividiendo a las instituciones en 4 categorías: a) ministerios; b) sector público descentralizado institucional; c) sector público descentralizado territorial y d) otros. Posteriormente se aplicó una herramienta de evaluación in situ en 44 instituciones, con el fin de conocer el nivel de implementación de éste programa. A marzo del 2013, el 36,2% del total de instituciones públicas habían elaborado PGAI, siendo los ministerios la categoría en donde se presentó el mayor porcentaje de cumplimiento (83,3%). En las instituciones en donde se aplicó la herramienta de evaluación se identificó una mayor implementación de los siguientes aspectos: promulgación de una política ambiental, oficialización de comisiones encargadas de trabajar en gestión ambiental, y sistematización de registros de consumos. Además se identificó la necesidad de fortalecer las acciones vinculadas con la capacitación y sensibilización de funcionarios, divulgación interna del PGAI, incorporación de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios, entre otros. El puntaje promedio para las instituciones consideradas fue de 70,16 (la escala fue de 0 – 100), no hubo diferencia entre las categorías de instituciones analizadas (t-Student; p=0,684). La poca claridad respecto a la aplicación de mecanismos sancionatorios, el deficiente compromiso ambiental en muchas instituciones, y la ausencia de recursos (humanos y económicos) destinados a acciones ambientales, podrían estar afectando el cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 36499-MINAE por parte del sector público.