Taking advantage of the decisions made by a group of Costa Rican judges during the Covid-19 global pandemic, this paper analyzes the situation of adults serving a criminal conviction in the country. Going beyond the jurisdictional dispositions that raised certain controversies in some political groups and the media, from a constitutional point of view, they acquire an enormous relevance that deserves to be treated carefully. Contrary to what happens in most legal systems, Costa Rica has not had a law on the enforcement of criminal convictions since the approval of the Penal Code in 1970. It is this way despite the fact that, in 1994, a legislative reform of the criminal code mandated that the execution of sentencing would be regulated by law. This was consistent with a constitutional chamber ruling in 1992. In 2015, the constitutional tribunal reiterated that the norm is necessary and ordered the Legislative Assembly to discuss and vote on it. At present, some administrative and judicial functions have been regulated through executive order or by jurisdictional decisions. Some bills focused on criminal convictions have gone through Congress but none have become law. This article addresses the constitutional implications of the absence of a specific law regarding the execution of criminal sentences.  We will also analyze the roles and limits of judges in these matters, using concepts of constitutional law and political science such as neo-constitutionalism or judicial activism. Finally, we will examine the judges´ work during the epidemiological emergency in defending constitutional principles, such as effective judicial protection, human dignity, and the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, amongst others.Aprovechando las decisiones tomadas en Costa Rica por un grupo de jueces, en el marco de la pandemia global por el Covid-19, este paper analiza la situación de la ejecución penal para personas adultas en el país. Más allá de que las disposiciones jurisdiccionales levantaran cierta polémica entre algunos sectores políticos y mediáticos, desde el punto de vista constitucional, adquieren una enorme relevancia que merece ser tratada con detenimiento. Contrario a lo que ocurre en casi todos los ordenamientos jurídicos, en Costa Rica, se carece de una ley de ejecución de la pena para personas adultas. Esto es así pese a que, en 1994, una reforma legislativa ordenó que el tema debía ser regulado mediante una ley especial de conformidad con un voto de la Sala Constitucional de 1992, debido a que, desde la promulgación del Código Penal en 1970, se carecía de dicha regulación. En 2015, el tribunal constitucional reiteró que la normativa era necesaria y dispuso que la Asamblea Legislativa tenía la obligación de discutirla y votarla. En la actualidad, algunas competencias, administrativas y judiciales, se han regulado vía decreto ejecutivo o gracias a las propias decisiones jurisdiccionales. Algunas propuestas de ley de ejecución de la pena han sido tramitadas en el Congreso, pero hasta ahora ninguna de ellas ha prosperado. En este sentido, en el artículo se analizarán las implicaciones constitucionales que supone la ausencia de una ley de ejecución penal para personas adultas con arreglo al principio de reserva de ley. También los límites que podrían atribuirse a los jueces de ejecución de la pena y el rol que están desempeñando, de acuerdo a conceptos desarrollados por el derecho constitucional y la ciencia política –como neoconstitucionalismo o activismo judicial- a partir del caso concreto, por la emergencia epidemiológica de 2020, en la protección de principios constitucionales, como el de tutela judicial efectiva, el de humanidad y el de prohibición de tratos o penas crueles y degradantes, entre otros.