A pesar de los esfuerzos por negar que la extinción de dominio posee una naturaleza sancionatoria, en los términos en que está planteada su regulación en el proyecto N° 19.571 que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, se tiene que ese es su carácter, con lo cual es cuestionable prescindir de los principios, derechos y garantías que, desde la normativa convencional y constitucional vigente en el país, se asocian a la imposición de una pena. En lugar de lo anterior, debería apostarse por una reforma del comiso, que permita hacer de este instituto una herramienta eficaz para recuperar los activos de la criminalidad.