El artículo explora la posibilidad de aplicar el control de convencionalidad, por cualquiera de las autoridades jurisdiccionales penales costarricenses, sin necesidad de acudir ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Desde esta óptica, analiza el registro de vehículos, los retenes policiales y los controles de carretera, concluyendo que en dichas diligencias, se debe ponderar la existencia de una noticia criminis, así como la proporcionalidad de la vinculación espacio-temporal de los hechos, con el sujeto sometido a la diligencia.