En los últimos años, la justicia penal se ha visto sometida a mayores exigencias de rendimiento y credibilidad. Si la ruta de justificación se cifra en factores endebles, intuitivos o pasionales, estos tendrán la misma vitalidad que tienen en el sistema político; a saber, efímera y sujeta a una multiplicidad de vetos por parte de muchos actores. Ese cuadro de cosas impone la necesidad de buscar nuevas rutas de revalidación del sistema penal. Pero, a diferencia de las intentadas hasta ahora, si se pretende que estas sean duraderas y fiables, no pueden consistir en factores o argumentos con un valor político escaso o particular. De ahí que, cuando se haga alusión a la construcción política del sistema penal como vía de relegitimación, se estará aduciendo a la necesidad de un proceso crítico y público, en el que los diferentes actores puedan participar y aportar sus argumentos, para tomar decisiones que sean de importancia para la convivencia en sociedad y que deban ser regulados por el Derecho Penal como recurso último de violencia institucional.