Aborda los criterios de delimitación entre la competencia de la jurisdicción agraria y la jurisdicción Contencioso-Administrativa, prevalecientes en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, y en la Sala primera de Casación, tanto antes, como después de la promulgación del Código Procesal Agrario. En particular se analizan las pretensiones, con contenido material o sustancial, de la materia agraria y desarrollo rural.