El Senado de la República avaló una minuta que aumenta las penas de cinco a ocho años de prisión a las personas que realicen acciones con comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Dicho documento generó diferentes reacciones previo a las discusión en la Cámara Revisora. El estudio analiza diferentes posicionamientos respecto al dictamen aprobado.