El documento analiza los alcances que tiene el Acuerdo de Escazú relacionados con medidas y mecanismos para hacer operativos los derechos de acceso que están contemplados en el Principio 10 de la Declaración de Río (información, participación y justicia ambiental). Cuando México ratifique el acuerdo, tendrá que realizar adecuaciones e innovaciones en el marco legislativo sobre materia ambiental.