La Estrategia Nacional de Seguridad Pública prioriza, mediante estrategias específicas, la atención de tipos penales relacionados con el mercado ilícito de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de autotransporte y de pasajeros en carretera, y tráfico de armas. Dada la situación nacional de violencia y de graves violaciones a derechos humanos, cabe cuestionar la selección de estos tipos penales frente a la falta de estrategias específicas para atender los delitos de homicidio, feminicidio, desaparición forzada y por particulares, tortura, trata de personas, privación ilegal de la libertad, secuestro y otros similares.