En el presente trabajo nos ocuparemos de analizar críticamente (desde un punto de vista jurídico) ciertas cuestiones de una de las figuras que inciden directamente en la deuda del Estado: el empréstito público. Justamente, dadas las circunstancias de la actualidad, el empréstito es una forma fácil sobre todo para los países subdesarrollados de hacerse de capitales para así llevar a cabo ambiciosos programas económicos, que tiendan a mejorar no únicamente el nivel de vida de las personas, sino también el de construir una infraestructura capaz de satisfacer las necesidades de un país a largo plazo. Empero, el empréstito público implica un sinnúmero de responsabilidades por parte de quien lo contrae. Responsabilidades que no se limitan tan solo a las propias obligaciones de la operación concertada (pago del capital e intereses), sino también a hacer un uso adecuado del mismo, para así obtener un incremento en los ingresos públicos tal y como lo señala la Constitución y no atiborrar demagógicamente supuestos avances, lo que en el fondo por la irresponsabilidad de un gobierno sólo representa una excesiva carga para la Nación; y las futuras generaciones.