Para el mejor funcionamiento de este Código de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tendría que integrarse primero por una parte general de la protección del medio ambiente, y segundo por los diversos capítulos que regulen todos y cada uno de los elementos naturales. El sistema jurídico vigente para la protección del medio ambiente en el país, se encuentra en un período de renovación. Lo cierto es que nos encontramos en un proceso de perfeccionamiento de la legislación ambiental mexicana, la cual se inició en 1987 con la ya mencionada reforma constitucional y la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Este proceso ha tenido gran desarrollo en los últimos años, tal lo podemos observar en los importantes reglamentos federales y las normas técnicas ecológicas así como las leyes locales sobre la protección al ambiente que se encuentran vigentes. Este período de renovación de la legislación ambiental, pretende superar los problemas del poco grado de acatamiento y la inoperabilidad de la misma. Sin embargo, a pesar de lo anterior, para dar soluciones a la creciente problemática del medio ambiente, tanto en las zonas rurales como urbanas, se necesita de más adecuadas leyes y reglamentos. Otro de los factores que han influido en la inoperancia de la legislación ambiental, es la falta de adecuación de la misma al modelo económico del país. En otras palabras, la legislación ambiental debe en cierta forma modificar su marco jurídico para una mejor adecuación con el desenvolvimiento del modelo de desarrollo predominante en México. A su vez, la problemática ambiental debe estar siempre presente en la legislación económica primordialmente, así como en otros ordenamientos jurídicos. Para que la normatividad ambiental mexicana sea más eficaz y operable, tendríamos que tomar en cuenta aquellos factores que crean una conciencia ambiental sólida en la ciudadanía; como es el dar a conocer la legislación ambiental promoviendo su acatamiento y su participación en la gestión ambiental ; así como la existencia de un sistema administrativo y judicial que sean realmente idóneos para la aplicación de la legislación ambiental. Por lo general , hasta ahora, los conflictos ambientales no son muy comunes en los procesos judiciales. Creemos que esto pueda a empezar a suceder con más frecuencia en muy poco tiempo, y es aquí en donde se verá que los sistemas procesales vigentes no son los más apropiados para este efecto, en especial en el ejercicio de las acciones civiles derivadas de los daños provocados al medio ambiente. si viviéramos más sencillamente, seríamos más ricos.