Las denuncias ciudadanas en las instancias de procuración de justicia del Estado son un componente sustancial en la formulación de políticas públicas. Sin embargo, las estadísticas oficiales sólo capturan una parte del problema pues no logran registrar los hechos delictivos que no fueron denunciados a la autoridad ni aquellos denunciados pero que no fueron asentados en los registros judiciales. En este contexto se enmarcan preguntas sobre daños a las víctimas y sobre patrones identificables en la decisión de denunciar o no los delitos a la autoridad. ¿Qué daños sufren realmente las víctimas, incluyendo a aquellas que no lo reportan a la autoridad? ¿Por qué algunas personas sí acuden a las instituciones de procuración de justicia para reportar un hecho delictivo, mientras que otras prefieren no hacerlo? ¿En qué medida afecta la imagen pública de las oficinas la decisión de las víctimas para reportar un delito?