Una década después de la histórica aprobación de la Interrupción Legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de México, aún se mantienen las malas prácticas que afectan a las mujeres más pobres, a las menos educadas, a las más vulnerables. Con el reconocimiento del avance alcanzado, se presentan nuevos retos para el gobierno de la capital mexicana, para las instituciones públicas de salud y, particularmente, para los médicos y sus mentores que deben plantearse el respeto y garantía de los derechos reproductivos de sus pacientes, como un pilar de su educación y la práctica cotidiana de su profesión. Sin embargo, el mayor obstáculo a vencer, siguen siendo los prejuicios y el estigma que caen sobre quienes ejercen plenamente su sexualidad.