En el presente trabajo serán analizados los antecedentes penales para delitos graves en la Ciudad de México como una figura jurídica meramente punitiva e inconstitucional que les impide a las personas que estuvieron en conflicto con la ley tener una segunda oportunidad efectiva de vivir en sociedad. Lo anterior debido a que dichos instrumentos jurídicos son totalmente contrarios a los derechos de reinserción social e igualdad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace especial énfasis en el hecho de que, si bien es cierto que la subsistencia de los antecedentes penales en nuestro sistema jurídico se podría derivar del derecho constitucional a la información, también lo es que dichos instrumentos jurídicos son una medida excesiva con más perjuicios que beneficios.