La lección es clara: la autonomía presupuestaria no garantiza en lo absoluto un cambio de paradigma en la forma en que los jueces conciben el ejercicio de recursos públicos. La reforma judicial de 1994 seguirá estando inconclusa hasta que no se logre que los ministros hablen en serio y sin ambivalencias el lenguaje de la democracia constitucional y actúen en consecuencia.