No es una novedad que el sistema penitenciario mexicano se encuentra en crisis. Dentro de los problemas se encuentra el hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de actividades laborales, la inexistencia de una correcta clasificación entre los procesados y los sentenciados, violencia, autogobierno, motines, entre otros. Sin embargo, poco se sabe de los niños que viven en ellas; los niños invisibles. Actualmente alrededor de 500 niños y niñas viven con sus madres en prisión. La Constitución establece que todas las actuaciones y decisiones del Estado deberán cumplir en todo momento con el principio del interés superior del menor, garantizando así sus derechos. No obstante, al observar la realidad en la que viven estos niños nos encontramos con un Estado que ha sido omiso ante la situación. Si bien en el 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual habla por primera vez de estos niños, está resulta ser insuficiente para garantizar sus derechos. Así, la pregunta de investigación sobre la que versa este trabajo es la siguiente: ¿Cuál es el principio al que se tiene que apelar con el fin de que las condiciones de los niños que viven en los Centros Penitenciarios mejoren?