Michoacán, como gran parte del país, resintió las contradicciones y lo disparejo del programa porfiriano (ventajas a los inversionistas extranjeros en relación con los nacionales, más la falta de libertades políticas para éstos). Se esforzó la dictadura desde la capital del país hasta el último rincón de los estados. El presidente, el gobernador y el prefecto político –dice Turner– “son tres clases de funcionarios que representan todo el poder en el país; en México no hay mas que un solo poder gubernamental: el Ejecutivo, los otros dos poderes sólo figuran de nombre y ya no existe en el país ni un solo puesto de elección popular. El vetusto gobernador de Michoacán Aristeo Mercado quien rigió los destinos estatales de 1891 a 1911, para rematar, creó las subprefecturas en 1906; aparte de la carga económica que representaron al erario estatal, extendió “el caciquismo de una manera odiosa”, pues cada subprefeccto, así como cada prefecto, abusado de su autoridad se constituían “en azote de los pueblos que gobernaban”. Para legitimar esa situación de hecho, el gobierno michoacano produjo circulares, reglamento y leyes para reprimir a los que atentaran “contra la propiedad”, para controlar “la libertad de imprenta” y para prohibir que artesanos y jornaleros llevaran consigo “instrumentos o fierros” fuera de las horas de trabajo.