Desde el origen, nuestro Estado nación experimenta una tensión histórica entre los derechos individuales y colectivos. Los derechos al territorio, a sus recursos naturales y medio ambiente de los pueblos y comunidades indígenas no están contemplados por la legislación; no obstante, los procesos de lucha se encaminan no sólo por el reconocimiento jurídico de sus bienes tangibles e intangibles, sino también por su derecho a definir su propios planes y programas de desarrollo a partir de sus especificidades culturales y a exigir al Estado los recursos necesarios para llevarlos a cabo.