"En esta ponencia se analiza la importancia de incorporar en el proceso legislativo la evaluación de impacto, antes de plantear una iniciativa de ley o de reforma, o bien durante el proceso de dictamen, e incluso tras su implementación, en donde se ponderen cuatro aspectos fundamentales: el impacto jurídico, el impacto administrativo, el impacto presupuestario y el impacto social, sin menoscabo de incorporar otros de acuerdo a las distintas temáticas, tales como el impacto ambiental o de género. La propuesta surge a partir de que paulatinamente crece el número de iniciativas en los congresos locales que a la postre quedan rezagadas en el trabajo legislativo, o bien resultan inviables, precisamente por la falta de estudios e investigaciones profundas que vislumbren la repercusión social, económica y jurídica en la implementación de la norma. Existen parlamentos en otros países que trabajan con metodologías muy precisas en relación a la evaluación de impacto ex ante y ex post, lo que dota de elementos suficientes a las y los legisladores para la toma de decisiones, lo que conlleva el mejoramiento de los marcos legislativos. Por lo tanto, en esta ponencia se propone que sean los cuerpos técnicos de los Congresos, tales como los institutos y centros de investigación legislativa los que realicen las evaluaciones de impacto normativo en apoyo al trabajo parlamentario, o bien instituciones académicas tales como los centros públicos de investigación".