A partir de la década de los noventa diversas naciones de América Latina se han dado a la tarea de actualizar y adaptar sus legislaciones mineras en dos grandes vertientes: una para garantizar jurídicamente un desarrollo sustentable y por la otra vigilar con mayor énfasis las inversiones en el ramo asi como para regular los diversos impactos que generan las empresas que se encuentan asentadas en determinadas localidades. México ha sido uno de ellos. La aplicación de instrumentos legales permite a la autoridad gubernamental construir una plataforma fiscal con énfasis en impactos ambientales y de desarrollo regional que incide directamente en las demarcaciones donde se encuentran asentadas las minas.