Tesis de licenciatura en arquitecturaEl 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México, la cual implicó cambios profundos a diez artículos, siete de ellos en materia penal (16 al 22), donde sus bases estaban fundamentadas por un modelo de justicia inquisitivo. Debido a esto el Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para su implementación por parte de las instituciones relacionadas con el sistema, por lo cual la meta se fijó para junio de 2016. El nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio es oral y sus principios procesales son la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración. Se fundamenta en el predominio de los derechos fundamentales de víctimas y personas imputadas, creando nuevas figuras y mecanismos procesales, como los servicios previos al juicio, los medios alternativos de resolución de controversias, las suspensiones condicionales del proceso a prueba y los procedimientos especiales. Todo lo anterior debe traducirse en mayor transparencia y eficiencia, a un menor costo en recursos públicos, tiempo y carga para las partes implicadas en el conflicto penal. La intención en México es establecer de manera permanente los juicios orales en sus 32 entidades, de las cuales ya se practican en 4: Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca y Estado de México. Los juicios orales, tendrán las mismas etapas de un juicio escrito, (modelo de Justicia Inquisitivo), solo que en menor número de audiencias y de forma oral, con el objetivo de reducir tiempo y dinero. Con base en este mandato constitucional, en agosto de 2009 se instituyó a nivel federal el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, cuyo órgano administrativo es la Secretaría Técnica y que tiene la función de apoyar a los gobiernos federales y estatales en el proceso reformista. Para cumplir con la meta de implementación a junio de 2016, de acuerdo con la reforma en cuestión, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas quedaron obligadas constitucionalmente a crear un fondo presupuestal, el cual está a cargo de una instancia de coordinación, conformada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Academia y la Sociedad Civil Organizada. Sin embargo actualmente algunos estados y dentro de éstos, algunas ciudades, así como Hermosillo, carecen de la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo las actividades que exige el nuevo sistema de enjuiciamiento penal. En las ciudades donde ya entró en vigor dicho sistema, la infraestructura existente no es totalmente la adecuada. Ante este panorama real, el objetivo de la presente propuesta, es ofrecer un espacio óptimo, con las características necesarias para llevar a cabo dichas actividades que requiera el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, considerando criterios arquitectónicos para la edificación, el uso de materiales adecuados, una buena orientación, diseño sustentable, vegetación de la región, y el correcto diseño acústico e isóptico. Ante esta propuesta la investigación que la hace posible, se estructura en este documento en 3 capítulos. En el primero, llamado Análisis, se encuentra el análisis del sitio, del usuario, de ejemplos similares y de la normatividad aplicada al proyecto. En el segundo se presentan las actividades de los usuarios en relación con los espacios y se elabora un programa arquitectónico que cumpla con los requerimientos del proyecto. También se encuentran criterios de diseño así como los primeros gráficos, para el proyecto como diagramas de interrelación, esquemas de zonificación, bocetos y partidos. Finalmente en el tercero y último se presenta una propuesta expresada mediante un anteproyecto y un proyecto arquitectónico el cual se lleva a nivel ejecutivo, al que se le anexa un presupuesto aproximado o paramétrico de obra.Universidad de Sonora, División de Humanidades y Bellas Artes, 2016