DOI: doi.org/10.24850/b-imta-perspectivas-2021-07En términos territoriales, la superficie concesionada para explotación minera es actualmente de 34.7 millones de hectáreas, la cual representa el 17.7% del territorio nacional. Más de la mitad de la producción de este sector se concentra en los estados de Sonora, Chihuahua y Zacatecas. No obstante, se estima que el 38% de los proyectos mineros se ubican en zonas de acuíferos sobreexplotados, con precaria disponibilidad hídrica. Por otra parte, los conflictos socioambientales, muchos de ellos vinculados a la actividad minera, se han incrementado de manera significativa en los últimos años. En este sentido, dado que la explotación de fuentes de agua y la ocupación y uso del territorio ocasionan la mayoría de los conflictos sociales por esta actividad, el sector hídrico tiene la responsabilidad de conocer a detalle los beneficios que producen la disponibilidad y el uso del agua en los procesos mineros, pero también los impactos que generan en la disponibilidad del agua, tanto en cantidad como en calidad —especialmente en las poblaciones aledañas— y, con base en esto, implementar programas efectivos de gestión integrada de agua y territorio. Aunado a la problemática de la escasez hídrica regional, existe poca precisión en la medición de los volúmenes de agua que consume la industria minera, ya que los procesos de explotación no solo utilizan los volúmenes concesionados por la Comisión Nacional del Agua, a través de su Registro Público de Derechos de Agua, sino que el marco legislativo correspondiente permite un uso libre del recurso hídrico en los procesos de beneficio, sin requerir de una concesión.