En este trabajo se identifica el proceso que ha orientado y regulado la descentralización de la gestión del agua potable en el país y se analiza, a través de un estudio de caso en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, la congruencia entre el marco legal y la capacidad institucional instalada, argumentando que los aspectos prácticos que implican la gestión del agua potable a nivel municipal no reflejan grandes avances en términos de la eficiencia o de la responsabilidad en el suministro del servicio. Se concluye que los objetivos que se habían planteado en materia de obligaciones del servicio de agua potable por parte de municipios y organismos descentralizados siguen sin cumplirse, por lo que la renovación del marco jurídico demostró ser una medida necesaria, pero no suficiente para atacar el problema del agua. Frente a esta situación, se sugieren algunos requisitos para que los organismos operadores del agua cumplan sus compromisos.