Hacia fines del 2001, comienzos del 2002 la Argentina atravesaba la radicalización de la crisis en términos socio-económicos, laborales, de representación política, a los que se sumaron las recurrentes situaciones de acefalía que se sucedieron en un breve lapso de tiempo. Las manifestaciones de esta crisis fueron claras: aumento de la desigualdad; crecimiento del desempleo, la subocupación, la sobreocupación y la precariedad laboral; disminución e incluso la pérdida de los ingresos familiares y, por ende, aumento de la pobreza y la indigencia que alcanzaron índices sin precedentes (el 57.4% y el 27.5% dela población respectivamente). Dicho de otra manera, según los datos proporcionados por el INDEC hacia el 2002 en la Argentina, 20,8 millones de personas vivían en ese momento en situación de pobreza y 9,96 millones de estos en la indigencia; es decir, que sus ingresos familiares no alcanzaban para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. De esta forma, se puso en evidencia la “Nueva Cuestión Social”, instalándose en el centro de la escena pública, la capacidad de la sociedad argentinapara existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia. Fue bajo este contexto donde adquirieron protagonismo dos estrategias diferentes para hacer frente a la crisis y que a la vez se presentaron con el supuesto objetivo de brindar “inclusión social”. La primera surgida desde la sociedad civil; el Trueque, y la segunda desde el Estado; el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJyJ). Ambas se constituyeron en espacios que adquirieron una dimensión relevante (dos millones de personas cada una) y una importante visibilidad pública y mediática.Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación