Nuestra Constitución consagra en su art. 39 el derecho a pre-sentar iniciativas ciudadanas de ley. Sin embargo, estas iniciativas no pueden versar sobre algunas materias vedadas entre las que se encuentra el derecho penal. Esta restricción es tributaria de una concepción elitista del derecho penal según la cual él es especialmente complejo y las mayorías son especialmente irracionales cuando lo tratan, por lo que debería estar alejado de las pasiones populares.Este trabajo se pro-pone mostrar que el argumento de la complejidad no es suficiente para afirmar que el derecho penal deba estar distanciado de la participación ciudadana. Para ello, se argumentará en primer lugar que no hay preguntas especialmente complejas en el derecho penal, sino que se trata en esencia de reprochar algunas conductas a nuestros conciudadanos de alguna forma específica. En tanto reprochamos conductas que nos parecen socialmente condenables, parecería ser que la sociedad tiene algo especialmente relevante para decir en el asunto.Our Constitution enshrines the right to citizens’ initiative. However, there are certain restrictions to this right. Some topics, including criminal law, are not allowed to be object of an initiative. This restriction derives from penal elitism, a theory that claims that penal law is too complex to be treated by ordinary citizens, who have a tendency to be irrational when it comes to discuss criminal policy. So, citizens should be far from decision making on criminal law. This paper aims to show that these arguments are not enough to support the elitist position. First, criminal law is not as complex as elitists think. Actually, its main questions are quite simple ones, since penal law is essentially about blaming our fellow citizens for some misbehavior. As we condemn those acts that we think are socially reproachable, it seems that citizens should have a special say on the matter.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales