Al adherir en el año 2017 al Convenio de Budapest, Argentina se comprometió, con algunas reservas, a adecuar su Derecho Penal y Procesal a una política penal común a nivel internacional. Paulatinamente el derecho sustancial ha sido adecuado, a través de leyes nacionales que incorporaron al Código Penal argentino los llamados “ciberdelitos”, ahora es el turno de las legislaciones provinciales, de adecuar sus códigos de procedimiento a los desafíos que hoy plantean la investigación, no sólo de estos ciberdelitos, sino de todos aquellos hechos donde la prueba debe recabarse en o a través de medios digitales, sin transgredir garantías constitucionales. Mendoza ha dado el primer paso hacia ese cambio, ya cuenta con un proyecto de ley que persigue adecuar el Código Procesal Penal en lo a que al tratamiento de prueba digital respecta.Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa