Speaking of the Administration, Procuration and Impartition of Justice, leads us to different perspectives of analysis, which identify a series of problems that affect a central point, the lack of credibility and legitimacy in legal operators. The Mixed Inquisitorial Criminal System, was characterized by delays, delays in the resolution of cases, lack of legal predictability, corruption, impunity, inefficiency and dependence on the enforcement of justice with the executive generating distrust, through resolutions lacking impartiality and excessive formality in procedures. The Constitutional Penal Reform of June 18, 2008, means an epistemological rupture with respect to the Inquisitorial-Mixed Criminal System, which develops throughout the length and breadth of the Mexican Republic, requires observing and putting into practice the Principle of Procedural Advertising as a structural guarantee for the impartial, objective, effective and efficient development of the Administration, Procuration and Impartition of Justice in the Mexican State.Hablar de la administración, procuración e impartición de la justicia nos lleva a diferentes perspectivas de análisis que identifican una serie de problemas que inciden en un punto central: la falta de credibilidad y legitimidad en los operadores jurídicos. El Sistema Penal Inquisitorio Mixto se caracterizó por los rezagos y demoras en la resolución de los casos, la falta de previsibilidad jurídica, la corrupción, la impunidad, la ineficacia y la dependencia de la procuración de justicia con el Ejecutivo, generando desconfianza a través de resoluciones carentes de imparcialidad y de un excesivo formalismo en los procedimientos. La reforma constitucional penal del 18 de junio de 2008 significa una ruptura epistemológica respecto al Sistema Penal Inquisitorio Mixto, que se desarrolla en todo lo ancho y largo de la república mexicana, pues requiere observar y poner en práctica el Principio de Publicidad Procesal, como una garantía estructural para el desarrollo imparcial, objetivo, eficaz y eficiente de la administración, procuración e impartición de justicia en el Estado mexicano.