Hasta la reforma judicial de 1994 que otorgó a la Suprema Corte facultades para el control constitucional, el gobierno, la oposición, y los estados de la federación no pensaban en recurrir a ella para dirimir conflictos electorales, sistémicos, políticos o de derechos humanos. La Suprema Corte era una figura decorativa del sistema político, y la impartición de justicia estaba supeditada al favoritismo del tráfico de influencias. En ese contexto, la Suprema Corte era una institución sometida al Poder Ejecutivo, y era impensable que pudiera resolver asuntos político constitucionales que estaban reservados sea al Presidente como una facultad metaconstitucional, sea al Congreso.