Tal como lo afirmó el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente de Naciones Unidas, John H. Knox, “ya no puede haber ninguna duda de que los derechos humanos y el medio ambiente son interdependientes”. En esa dirección el presente artículo muestra por una parte, la existencia de un acervo normativo en materia de derechos humanos ambientales en América Latina y el Caribe que ha adquirido rango constitucional y se encuentra articulado por la doctrina y la jurisprudencia interamericana, y por la otra, quiere destacar, como la adopción del Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso abrió las puertas a la sistematización normativa en esta materia, pero además subrayar el coraje de un juez nacional en Argentina que saltando tiempos, lo ha citado como fuente de derecho. De este modo la referida decisión que será analizada se convierte en la primera que invoca a Escazú, punteando un camino irreversible hacia el respeto de los derechos humanos ambientales.